La reciente DANA que ha golpeado con fuerza la Comunidad Valenciana ha desatado un aluvión de críticas, muchas de ellas centradas en la gestión del Presidente, Carlos Mazón. Sin embargo, pocas de estas críticas parecen haber considerado el contexto real y los detalles que definen la magnitud de lo ocurrido. Más allá de los titulares sensacionalistas, es necesario poner en valor aspectos que han sido minimizados o ignorados, empezando por una realidad evidente: no se puede gestionar lo que no se sabe.
En los días previos a la tragedia, se realizaron 24 avisos oficiales desde el 112 Emergencias, basados en las previsiones meteorológicas que indicaban lluvias intensas y no la magnitud devastadora que finalmente se desencadenó. La información disponible indicaba la posibilidad de un evento adverso, sin embargo, nunca anticipó la intensidad descomunal que superó todas las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esta brecha informativa es clave para entender por qué el sistema de respuesta habitual fue superado de manera tan trágica.
La gestión de emergencias se basa en datos y pronósticos, y cuando estos fallan, la capacidad de respuesta se ve gravemente limitada. Tal fue el caso del barranco del Poyo, donde un sensor crítico fue arrastrado por la riada, y la Confederación Hidrográfica del Júcar tardó horas en comunicar el incremento del caudal, alcanzando cifras nunca vistas. Este retraso informativo, de más de dos horas, imposibilita la actuación preventiva que habría evitado los peores daños.
El desastre del Barranco del Poyo expone una realidad innegable: la información crítica sobre el aumento del caudal llegó demasiado tarde, incluso después de que la catástrofe ya estuviera ocurriendo. Antes de recibir datos oficiales, fue la propia alcaldesa de Paiporta quien alertó a Delegada del Gobierno de lo que estaba pasando en su municipio.
En la reunión del CECOPI los representantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar presentes no comunicaron ningún riesgo inminente, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no exista comunicación directa entre personas de una misma organización? ¿Cómo se puede alertar limitándose a un simple correo electrónico entre decenas? Así que, la alerta enviada a la ciudadanía no fue por el desbordamiento del Poyo, sino ante la inminente amenaza de rotura de la presa de Forata, lo que demuestra que, sin información precisa y a tiempo, era inviable prever y avisar de lo que se avecinaba.
Y este es, sin duda, el detalle más crucial a destacar entre las múltiples incertidumbres vividas el 29 de octubre. No se trata simplemente de una catástrofe con una alerta roja convencional; fue la concurrencia de varios eventos de emergencia simultáneos lo que desbordó cualquier capacidad de respuesta. Ante esta complejidad, no había margen para una reacción coordinada y eficaz por parte de los miembros del CECOPI, ya que la información disponible, no llegaba con la precisión necesaria.
La falta de datos claros impidió tomar decisiones a tiempo, dejando al sistema en una posición imposible frente a una situación sin precedentes, porque la información no lo era, tampoco, en tiempo y forma.
Es innegable que hubo fallos y que el sistema mostró grietas, aunque lo que resulta inaceptable es utilizar estas fallas para el juego político y partidista, especialmente cuando se trata de tragedias con pérdidas humanas.
Es innegable que la coordinación en días posteriores ante la devastación ha sido realmente desoladora. No porque no se hiciera nada, sino porque lo que estaba al alcance no era suficiente para magnitud de lo sucedido.
Mazón ha reconocido errores, ha pedido disculpas y ha mostrado un compromiso claro con la transparencia y la autocrítica, algo que no siempre vemos en la política actual. Exigir respuestas es legítimo, sin embargo, manipular el dolor para fines políticos es una falta de ética que la sociedad no debería tolerar.
En lugar de enfocar la discusión en qué partido capitaliza mejor el desastre, es momento de reflexionar sobre cómo mejorar nuestros sistemas de alerta y sobre la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional. No olvidemos que, pese a las limitaciones, se desplegó el mayor operativo de rescate en la historia reciente de la Comunidad Valenciana, con miles de efectivos trabajando incansablemente. No reconocer este esfuerzo es, cuanto menos, una injusticia hacia los profesionales y voluntarios que arriesgaron sus vidas para salvar a otros.
La política debe estar al servicio de la ciudadanía, no al revés. Y en tiempos de tragedia, es cuando más se necesita altura de miras y unidad, no el uso interesado de las desgracias para ganar puntos en la arena partidista. La verdadera pregunta es si queremos políticos que usen el dolor para dividirnos o que busquen soluciones para protegernos mejor en el futuro. Esa es la diferencia que debemos valorar.
Fotos, Heraldo · Rober Solsona
