El agua como rehén
El reciente informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), presentado en la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, ha reabierto una herida histórica para los agricultores del sureste español. Las nuevas reglas de explotación, adaptadas al Plan Hidrológico del Tajo aprobado mediante el Real Decreto 35/2023, suponen un auténtico varapalo para el sector agrícola de la Vega Baja, Alicante y otras zonas dependientes del trasvase.
La reducción media del 50% en los volúmenes de agua para regadío, sumada a la alarmante previsión de que durante el 30% del tiempo no se transferirá ni una sola gota para la agricultura, coloca en la cuerda floja la subsistencia de miles de familias. Familias que, generación tras generación, han trabajado de sol a sol, sosteniendo con esfuerzo y dignidad no solo sus propios hogares, sino buena parte del tejido económico y social de nuestra tierra.
Decisiones, que aparentemente buscan una mayor protección ambiental y la sostenibilidad de la cuenca cedente, y que se perciben como desproporcionadas y carentes de un plan alternativo eficaz.
Más obstáculos, menos Futuro
El endurecimiento de las condiciones para autorizar trasvases en los distintos niveles —como el aumento del volumen mínimo en los embalses de Entrepeñas y Buendía de 400 a 531 hm³ o la reducción del máximo para regadío en Nivel 2 de 19,5 a apenas 9,4 hm³— deja claro que las reglas están diseñadas para hacer casi inviable el uso agrícola del agua del Tajo-Segura. Y mientras se nos habla de promesas de desalación e interconexiones futuras, la realidad es que ni existen proyectos concretos ni financiación asignada para medidas compensatorias reales.
Además, se prevé una reducción de explotación de las aguas subterráneas en la cuenca del Segura de 213 hm³ para 2027, lo que agrava aún más la situación. La paradoja es evidente: se penaliza a una comarca cuyo motor económico es la agricultura y que, gracias a infraestructuras como el Trasvase, ha sostenido la economía y generado empleo durante décadas.
Una decisión políticamente ciega
Estas decisiones no solo impactan en la economía agrícola, sino que amenazan con desestructurar el tejido social y económico de provincias como Alicante y Murcia. La falta de diálogo efectivo y de soluciones viables genera frustración y deja en evidencia la ausencia de una visión global y solidaria de la gestión hídrica nacional.
No se trata de un conflicto entre comunidades autónomas, sino de un problema nacional que afecta a la vertebración del territorio, la sostenibilidad real y la seguridad alimentaria. La política del agua requiere valentía, planificación rigurosa y un compromiso firme para garantizar que ninguna región quede marginada.
Y para ello, hay más vías que “cerrar el grifo”.
En primer lugar, apostar por un Plan Nacional de Reutilización y Recarga de Acuíferos. Se hace imprescindible, desarrollar un plan nacional ambicioso para maximizar la reutilización de aguas depuradas de forma segura y aumentar la recarga controlada de acuíferos. Esto permitiría contar con recursos complementarios estables y reducir la presión sobre los trasvases, especialmente en periodos de escasez. Países con climas similares, como Israel, ya reutilizan más del 85% de sus aguas residuales
En segundo lugar, modernizar integralmente los regadíos y mejorar la eficiencia del agua. Invirtiendo seriamente en la renovación de infraestructuras de riego, promoviendo la implantación total de sistemas de alta eficiencia (riego por goteo, sensores de humedad, telecontrol), que permiten ahorrar entre un 30% y 50% del agua sin reducir la productividad. Esto optimiza el uso del recurso disponible y evita pérdidas, logrando sostenibilidad desde el lado de la demanda.
En tercer lugar, realizar una gestión conjunta de cuencas y transferencias inteligentes. Impulsando una política hídrica nacional basada en la gestión integrada de cuencas que permita un reparto equilibrado y racional del agua en todo el país, incluyendo planes de transferencia temporal entre cuencas excedentarias y deficitarias según criterios técnicos y de urgencia, no políticos. Esto debería complementarse con infraestructuras de almacenamiento y distribución flexibles, que permitan movilizar recursos hídricos disponibles en periodos de abundancia (como ocurre en años lluviosos) para su uso estratégico en épocas de sequía. Además, promover alianzas entre regiones para la cofinanciación y corresponsabilidad en la gestión de los recursos compartidos, garantizando un equilibrio sostenible a largo plazo.
La agricultura alicantina, víctima del desprecio gubernamental
Sin duda alguna, este ataque frontal al corazón agrícola del sureste español no puede quedar sin respuesta. La falta de planificación realista y la obsesión normativa del Gobierno, liderado por una ministra que parece desconocer —o ignorar deliberadamente— la realidad socioeconómica de nuestra tierra, están poniendo en peligro no solo el presente, sino el futuro de miles de familias.
Es hora de levantar la voz, exigir políticas hídricas que respondan a las verdaderas necesidades del país y denunciar la irresponsabilidad de un Ejecutivo que antepone intereses políticos a la supervivencia de regiones enteras. La Vega Baja y Alicante no pueden seguir pagando las consecuencias de decisiones arbitrarias y desconectadas de la realidad: el agua es vida y no un arma de castigo.
La pregunta ya no es si el Gobierno seguirá mirando hacia otro lado mientras la Vega Baja y Alicante se secan; la amarga certeza es que lo está haciendo, y a plena luz del día. La diferencia ahora está en si como sociedad permitimos que este abandono continúe sin exigir un cambio radical y justo
