El Gobierno lo ha vuelto a hacer. En nombre de la “independencia judicial” —ese concepto que en su boca suena tan creíble como una promesa electoral en campaña— ha aprobado una reforma que permite que el Fiscal General del Estado dure cinco años en el cargo… aunque cambie el Gobierno. O lo que es lo mismo: si el fiscal ya era amigo, ahora es vitalicio.
Porque, claro, en lugar de disimular un poco y nombrar a alguien con cierto barniz de imparcialidad, han decidido directamente blindar a Álvaro García Ortiz hasta 2028. Que no se diga que no cuidan a los suyos. Y mientras tanto, nos venden el cuento de la “despolitización de la justicia”. Bravo.
La reforma, según el Ejecutivo, refuerza la autonomía del Ministerio Fiscal. En teoría, el fiscal general ya no podrá ser cesado por pérdida de confianza política. Y como bien ha apuntado Miguel Pallares, presidente de la Asociación de Fiscales, esto huele menos a independencia y más a permanencia. O mejor aún: a premio de fidelidad. Porque si algo ha demostrado el actual fiscal es una lealtad institucional… al Gobierno.
Y es que, como dijo el propio Pallares con una ironía contenida, “más que fiscal general del Estado, parece fiscal general del Gobierno”. Y ahora, con esta reforma, también fiscal general a prueba de legislaturas. Porque si no te puedes fiar del Parlamento, mejor fiarse del BOE.
Aunque no se preocupen, que el Gobierno ha pensado en todo: ya no se podrán dar instrucciones al fiscal… a menos que sean públicas y por escrito. Así, cuando llegue la orden, bastará con envolverla en papel timbrado y asunto resuelto. Transparencia le llaman.
¿Y Bruselas? Contentísima. Al menos eso dice el Gobierno. Aunque igual en Europa no se han enterado de que el problema no era sólo la duración del cargo, sino quién lo ocupa, cómo ha llegado y a quién sirve. Aunque todo es vender titulares, y en eso el Ejecutivo tiene un máster.
Mientras tanto, el ciudadano, ése que aún cree que la justicia es ciega, empieza a sospechar que lo que le taparon no fue solo los ojos, sino también la boca. Porque a este ritmo, los únicos que no están aforados son los que pagan impuestos, esperan sentencias o confían en la separación de poderes. Y justo cuando todo parece estancado, hacen falta, nuevas voces. Nuevas formas de mirar la política. Gente que no venga a aferrarse, sino a emerger. Personas que creen que gobernar es servir, no protegerse. Que entienden la ley como garantía, no como salvoconducto.
A lo mejor no es solo el fiscal lo que hay que cambiar. A lo mejor es la lógica entera de cómo se ha venido entendiendo el poder en este país. Porque la verdadera reforma —la que de verdad importa— no se hace a golpe de BOE, sino cuando la ciudadanía decide que ya basta.
Foto: Álvaro García Ortiz.EL MUNDO
